Merece nuestro comentario dos sentencias publicadas en el segundo semestre del año que despedimos, ambas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ambas con el mismo ponente: Vicente Magro Servet. Se trata de la sentencia 2498/2018 de 28 de junio y la 2947/2018 de 18 de julio. Visitas: 0

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª absuelve a una empresa acusada de un delito fiscal al no haberse practicado prueba alguna ni haberse reconocido por el legal representante de la misma-expresamente designado al efecto- los hechos delictivos que le eran atribuidos. Las personas físicas que sí reconocieron expresamente los hechos y han sido condenados.

Comienzan a dictarse las primeras resoluciones que reflejan la importancia y necesidad de contar con un programa de prevención de delitos. La eterna pregunta de los empresarios en relación con el complace penal es siempre si se trata de una obligación legal o estamos ante otra vuelta de tuerca en la venta de servicios periférica […]

Siempre hemos sostenido que no es legalmente obligatorio contar con un programa o plan de prevención de delitos en el seno de la empresa. No hay ninguna ley que imponga esta obligación si bien el anteproyecto de reforma del código pena lo contemplaba.

La resolución de conformidad (esto es sin juicio) que condena al FC Barcelona como persona jurídica por un delito fiscal. No hay condena a persona física lo que, en conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal…

En noviembre dude 2016 se dicta por la Sala 2ª del Tribunal Supremo la tercera resolución en la que se aborda la responsabilidad penal de la persona jurídica, si bien la cuestiones más relevantes son las relativas a la condena a la persona jurídica…

Esta sentencia, muy seguida en el tiempo a la anterior, además de tratar algunas cuestiones sobre las representación procesal del investigado como persona jurídica en la fase de instrucción, apuntala la necesidad de establecer una clara diferencia entre la responsabilidad penal del autor material del delito como persona física…

Esta resolución, cuyo poniente es el actual Fiscal General del Estado Don Manuel Maza Martín, puede considerarse por su relevancia, profundidad y división, la primera gran sentencia dictada por el Supremo en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Pese a que el fondo de la cuestión y el asunto sobre el que la Sala Segunda se pronunciaba en la primera de las resoluciones sobre persona jurídica y responsabilidad penal en nuestro país era por así decirlo de menor calado, el Alto Tribunal aprovechó la ocasión para apuntar un principio que se ha desarrollado en sus posteriores resoluciones…