Primeras atenuaciones por tener un plan de Compliance penal implantado en la empresa
Comienzan a dictarse las primeras resoluciones que reflejan la importancia y necesidad de contar con un programa de prevención de delitos. La eterna pregunta de los empresarios en relación con el compliance penal es siempre si se trata de una obligación legal o estamos ante otra vuelta de tuerca en la venta de servicios periféricos de consultoría que no añaden valor alguno y suponen un gasto innecesario.
Globalia no se hará jamas esa pregunta después de que haya visto rebajada su pena hasta en dos grados por la comisión de un delito de fraude en las subvenciones (art. 308 del CP). Para la corporación del sector turístico, contar con un programa de medidas eficaces para prevenir futuros delitos y presentado con carácter previo a la apertura de juicio oral le ha supuesto un ahorro de más de 10 millones de euros al haber visto reducida la previsible multa en un 40% sobre la cantidad objeto de fraude (más de 30 millones de euros).
El auto de apertura de juicio oral contra la persona jurídica que ha dictado el Magistrado Eloy Velasco Nuñez y fechado el pasado 18 de noviembre de 2016 no imputa a ninguna persona física a pesar de que existían varias investigadas por esta causa, acogiendo a la posibilidad que el artículo 31 ter del Código Penal brinda para imputar el delito a la persona jurídica incluso cuando la autoría del mismo no se haya podido individualizar o no haya sido posible dirigir la acusación contra ella.
Se valora la implementación de un plan de prevención de delitos, elaborado con posterioridad a la comisión de los hechos investigados como se indica en el artículo 31.quater d. Lo anterior, unido al pago de la multa y de la responsabilidad civil derivada del ilícito, supone la rebaja sustancial de la multa que podría corresponder de conformidad con la aplicación del artículo 33.7 del Código Penal.
No es desde luego desdeñable el ahorro que a la empresa le ha supuesto contar con un plan de compliance si tenemos en cuenta que el tanto al triplo del beneficio obtenido a través de las fraudulentas subvenciones alcanzaba los 30 millones.
